Agrupación La Dignidad Rebelde

En la lucha por el cambio social

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La paradoja del testigo sin voz en “el gobierno de los derechos humanos”

Posted by ladignidadrebelde en abril 11, 2007

Luego de los acontecimientos de diciembre de 2001, gobernar en Argentina no era tan fácil. Ocupar un espacio de poder no significaba poder gobernar. El nivel de movilización y organización alcanzado se constituyó en un factor relevante a la hora de determinar la estabilidad del gobierno.

Pese a la movilización popular el poder dominante cerró filas rápidamente tras la figura de Duhalde, quien pudo retener su función de neutralizador por un breve período de tiempo. Durante ese lapso, las organizaciones populares continuaron con sus reclamos y reivindicaciones, a las que el poder respondió con represión y muerte.

El grado de movilización expresado en el Puente Pueyrredón resultó trascendente y heroico. El accionar de las fuerzas represivas el 26 de julio de  2002, respondiendo a las órdenes directas del presidente, su gabinete y el ejecutivo provincial, asesinó a dos compañeros militantes del campo popular: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

A partir de ese gravísimo hecho, frente al claro y fuerte crecimiento de las organizaciones populares, Duhalde se ve obligado a llamar a elecciones (ya no podía gobernar).

En ese contexto es que aparece Kirchner como candidato electoral, apoyado por el aparato duhaldista. Kirchner ganó las elecciones con un porcentaje ínfimo de votos, y ya en el gobierno, se vio en la necesidad de reforzar y ampliar su propia estructura. Para ello, entre otras cosas, se hizo eco de reclamos y demandas históricamente exigidas por la izquierda y el campo popular vinculados al tema de los derechos humanos.

A partir de esta estrategia, algunas organizaciones populares adhirieron a la propuesta kirchnerista, limitándose a luchas reivindicativas, abandonando la posibilidad de una construcción de poder popular fuerte para desterrar de una vez por todas, los gobiernos para pocos.

Ahora, si bien Kirchner se autoproclama como el gobierno de los derechos humanos y del crecimiento económico, su discurso no se refleja en la realidad. Como consecuencia de los hechos sucedidos en Las Heras, provincia de Santa Cruz, en la legislatura porteña, y en la estación Haedo del ferrocarril Sarmiento, entre los más destacados, este gobierno es el que se cobró la mayor cantidad de presos/as y procesados/as por causas políticas en tiempos de democracia. (1)

Párrafo aparte merece la situación de los compañeros y compañeras de la UTD de Mosconi en Salta. De los dos mil miembros de la organización, trescientos están procesados en causas iniciadas por luchas sociales (2). Hace algunos días sicarios del poder balearon la casa del dirigente Chiqui Peralta, luego de preguntar por él y por Pepino Fernández, otro de los referentes del movimiento.

También, en la Argentina, un pibe muere día por medio asesinado por las fuerzas de seguridad (3).

En este sentido, para engrosar el historial, pasados treinta años de la dictadura militar, y de nunca más, se conocieron casos de torturas y desapariciones de militantes.

El 18 de septiembre de 2006, día en que debía presentarse a escuchar los alegatos en el juicio contra el condenado como genocida Miguel Etchecolatz, el compañero Jorge Julio López, testigo clave en ese proceso, fue desaparecido. Desde los medios cómplices y el oficialismo, se intentó desmentir y desvirtuar la desaparición tirando versiones cruzadas, que retrasaron las investigaciones. López militante montonero y albañil, volvió a desaparecer por el accionar de grupos de tareas similares a los que existieron durante la última dictadura militar. Esto no resulta llamativo a meses del llamado del fascista Bignone a que los jóvenes concluyan lo que ellos no pudieron terminar. Tampoco asombran estos hechos tan graves cuando existen 9026 miembros de la policía bonaerense en servicio, que actuaron durante la dictadura (4). Esto significa que el aparato represivo aún funciona con la misma lógica de siempre.

En este contexto, también se enmarca la desaparición de Luis Gerez, militante obrero del partido de Escobar. Él había declarado contra el represor Pati en el Congreso Nacional, durante el proceso que le impidió ocupar la banca en la cámara de diputados por genocida. El miércoles 27 de diciembre del año pasado Gerez salió de la casa de un amigo, y no volvió. Esa misma noche, familiares y amigos radicaron la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría de Escobar. Al otro día y al siguiente, cuando los hechos salieron a la luz, miles de manifestantes exigieron su aparición con vida. El viernes 29, luego del discurso por cadena nacional de Kirchner, se dio a conocer a través de los medios la aparición de Gerez.

En ese discurso, el presidente tuvo que reconocer que existen grupos parapoliciales y paramilitares organizados, vinculados con las fuerzas regulares que siguen actuando en busca de impunidad y amnistía. Como afirma el documento elaborado por el espacio Memoria, Verdad y Justicia a raíz de cumplirse cuatro meses de la desaparición del compañero López, desde el gobierno se llamó a silencio y no se anunció ninguna de las medidas necesarias y efectivas para enfrentar esa situación. Creemos que existe información sobre este caso que no se está dando a conocer.

Estos dos casos -López y Gerez- son los más renombrados, pero también existen continuos hechos de torturas, amenazas e intimidaciones, e incluso desapariciones de distintos militantes del campo popular que son ocultados por la complicidad de los medios masivos de comunicación.

Entre otros está la situación de Alberto Montecucco, testigo fundamental en la causa por desapariciones y torturas en el centro clandestino de detención La Polaca en Paso de los Libres, provincia de Corrientes que apareció ahorcado horas antes de presentarse a declarar.

Carlos Losada, periodista y testigo fundamental en la misma causa, que fue golpeado brutalmente luego de su declaración.

Héctor Bustos, militante de derechos humanos de la localidad de Venado Tuerto, que luego de dos semanas de estar desaparecido, aparece y declara haber sufrido torturas.

Victoria Donda, militante e hija de militantes desaparecidos en la última dictadura militar sufre continuas amenazas telefónicas y en su casa, con alusiones a las tres A y al recuerdo de su familia. Esto se suma a las constantes presiones y amenazas que sufre testigos, querellantes, jueces y fiscales en las causas iniciadas contra los represores de la dictadura.

A esta altura de las circunstancias, es cuando se visualiza con mayor claridad la fragilidad con la que el gobierno K sostiene su doble discurso. Estos hechos aberrantes y la falta de respuesta deslegitiman al actual gobierno y vuelven insostenible su pronunciamiento sobre la política de Derechos Humanos. Ante esto sostenemos que el gobierno no muestra intenciones de desmantelar el aparato represivo, transformándolo en cómplice de los continuos ataques a los sectores organizados del campo popular por parte de la derecha, visible y oculta, de ayer y de hoy.

  Por todo ello exigimos al gobierno:

– Juicio y castigo, cárcel común y efectiva para los genocidas y sus cómplices

– Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas.

– Apertura de los archivos de la Side.

– APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ.

– Esclarecimiento total de secuestro de Luis Gerez.

– Desmantelamiento del aparato represivo.

Si tocan a uno nos tocan a todos

30.000 compañeros presentes en nuestra lucha

Otro mundo es posible, siempre.

Agrupación La Dignidad Rebelde.

 Fuentes:

(1) Documento leído el 24 de marzo de 2006 en el marco de la marcha por el golpe del 76.

(2) Página 12 del 3 de enero de 2007.

(3) Presentación del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado

-Correpi.-

(4) Documento del Espacio Memoria, Verdad y Justicia leído a los cuatro meses de la desaparición del compañero López.

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